La situación de la vivienda en las Illes Balears se ha convertido en una emergencia residencial. A pesar del mandato constitucional del artículo 47 y la legislación estatal y autonómica que garantiza el derecho a una vivienda digna, la realidad es que la oferta actual es insuficiente frente a una demanda creciente. Factores como la escasez de suelo urbanizado, la lentitud de los trámites urbanísticos, el impacto del alquiler vacacional y el aumento de población han generado un fuerte encarecimiento del mercado. En 2024, el precio del metro cuadrado superó los máximos históricos, siendo Palma una de las ciudades con mayor esfuerzo hipotecario de España. Ante este contexto, la Ley 4/2025, de 18 de julio, introduce una figura legal que busca agilizar los procesos de planeamiento y urbanización para habilitar suelo destinado a vivienda, con una parte reservada a vivienda protegida. Esta medida pretende acelerar la construcción, equilibrar el mercado y garantizar el acceso a la vivienda. Se trata de una respuesta urgente, especialmente en Palma y otros municipios de más de 10.000 habitantes, que permite superar los límites de la normativa ordinaria. Además, la ley modifica diversos aspectos sobre la legalización extraordinaria de edificaciones, construcciones, instalaciones y usos en suelo rústico regulados en la Ley 7/2024, de 11 de diciembre, de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas de las administraciones públicas de las Islas Baleares. El Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca , en colaboración con Fundación Aedificat organizan una jornada para informar sobre las disposiciones de esta norma.